Llevamos toda la
legislatura con el “entente catalán” sobre el derecho a la
autodeterminación que al final ha derivado en una pelea por un
terreno de nadie que, valga la redundancia, nadie quiere traspasar.
Pero la realidad es que en el caso catalán hace tiempo que la
situación esta perdida o simplemente tiene un montón de vías
muertas hacia reconducción del statu quo o terceras vías de
cualquier tipo. Y la verdad es que Catalunya lleva a otro nivel
muchísimo tiempo en parte gracias a la gestión a nivel político de
la identidad de una comunidad que funciona de manera casi estatal
asociada a España.
Pero el problema del
famoso derecho a decidir subyace en que la esencia de dicho derecho
es incontrolable sea o no vinculante la decisión votada y aquí nos
encontramos con el gran problema al que tienen miedo en las
instituciones políticas. A pesar de que existe un artículo que
especifica que los ciudadanos deben y pueden decidir situaciones que
les afecten de manera especial y específica, se actúa sobre el
mismo como si no estuviera escrito o simplemente no existiera, usando
mil y una excusas de las cuales la más repetida siempre es la misma:
ahora no es el momento. Ada Colau preguntada sobre este particular
aclaró de manera muy acertada que el derecho a decidir no esta
suscrito únicamente al derecho de autodeterminación, sino a todas
las cuestiones sobre las que a nadie se les deja votar como la dación
en pago o la re-nacionalización de sectores como el eléctrico, o en
el caso canario el derecho a decidir que se hace en sus costas o en
el caso andaluz sobre quien gestiona el río Guadalquivir. Para todo esto se
habla siempre de lo mismo: lo tienen que decidir todos los españoles,
pero ¿se nos ha preguntado sobre algo? No. Y aquí tenemos el
problema que enlaza con el principio, seguimos en terreno de nadie en
cuestiones fundamentales como el derecho a que nos consulten
decisiones de especial importancia y nos han convertido en
“catalanes”, sin poder decidir nada que nos afecta a nuestra vida
y nuestros bolsillos.
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